Ley marcial en Filipinas : una amenaza para los derechos humanos

TRADUCIDO POR AGOSTINA MASSARINI Y MÓNICA LICEA

Desde el 23 de mayo de 2017, la isla Mindanao se encuentra regulada por la Ley marcial. Hoy en día la Isla se encuentra en estado de emergencia, declarado por el Presidente Rodrigo Duterte, tras la muerte de una decena de víctimas civiles asesinadas por combatientes islamistas afiliados a DAESH (acrónimo del Estado Islámico). El Gobierno filipino podría extenderla a todo el país, pues los derechos de la población se verían amenazados de manera directa.

Manifestación contra la Ley Marcial. Créditos: Léore Pujol.

Grupos terroristas en Mindanao

La presencia de este grupo terrorista en el sur del país, es lo que ha provocado la instauración de la Ley marcial – estado de emergencia – en Mindanao. Hace ya cuatro meses, las fuerzas gubernamentales, con la ayuda de las estadounidenses, ocupan la región con el objetivo de eliminar la amenaza terrorista. Viendo que el conflicto todavía no ha sido resuelto, Rodrigo Duterte anunció la posibilidad de extender la Ley marcial al resto del país. Su extensión implicaría entonces un cambio drástico para toda la población filipina: toques de queda, eliminación de la libertad de prensa, suspensión del habeas corpus (ndt. libertad fundamental de no ser encarcelado sin antes ser juzgado). La Ley marcial reduciría de manera importante, las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos.

¿Una vuelta al pasado?

Los zapatos representan a las personas asesinadas durante la guerra contra las drogas. Créditos: Léore Pujol.

Este evento preocupa más a los filipinos que el recuerdo de la ley Marcial instaurada bajo la presidencia de Ferdinand Marcos (1965-1986), que duró aproximadamente 10 años. Este triste recuerdo todavía se encuentra presente en la memoria colectiva. Este episodio histórico tuvo, en consecuencia, el encarcelamiento de 70.000 personas. Entre ellas, 34.000 fueron torturadas, y 3.240 asesinadas, según declara Amnesty International.

«Seguiré luchando por mis derechos y libertades»

Sid, estudiante en Bellas Artes en la Universidad de Filipinas, se encuentra enojada ante el giro que está dando su país. Esta joven activista lucha todos los días por la libre expresión y el respeto de sus derechos. Con la amenaza de la extensión de la Ley marcial, se preocupa porque su Gobierno quiera eliminar al mismo tiempo, a la oposición política.  «No quiero verme obligada de encerrarme en mi casa a las 9 p.m.. No quiero vivir lo que mis padres vivieron durante 10 años. Sin importar lo que suceda, seguiré luchando por mis derechos y mis libertades. Incluso si Duterte bloquea a los medios, no tiene el poder para controlar el Internet. »

«Matar dos pájaros de un tiro»

Según Sid, el Presidente Duterte está matando dos pájaros de un tiro. Utiliza la lucha contra el terrorismo para combatir el tráfico de drogas. Esta lucha ha sido desde el inicio de su mandato, el honor de su política, pero hoy es, al mismo tiempo, una justificación a la posible extensión de la Ley marcial. Esta guerra anti-drogas, cuyo método se basa en el respeto a los derechos humanos, ya causó la muerte de miles de personas. El asesinato del adolescente Kian Loyd Delos Santos el 16 de agosto pasado, a causa de una operación de esta guerra anti-drogas, provocó el alzamiento de la población filipina. La Comisión de los Derechos Humanos en Filipinas, ha confrontado ya varias veces a R. Duterte en cuanto a su violenta campaña contra las drogas.

El 12 de septiembre pasado, en consecuencia a estas protestas, se votó el nuevo presupuesto para la Comisión de los Derechos Humanos por el Gobierno de Filipinas. El nuevo financiamiento de la organización independiente, se elevó así, a solamente 1000 pesos filipinos para el año 2018, equivalente en dólares americanos a 19.6. Una suma insignificante. Mientras tanto, manifestaciones en el país son organizadas, teniendo como lema: «Marcos martial Law: Never again» – La Ley marcial de Marcos: nunca más.

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