El MiFID II busca más protección para los consumidores y más transparencia en los mercados financieros europeos

TRADUCIDO POR SONIA GUALDO Y CORREGIDO POR BERNAT ARANDA

La directiva europea que regula los Mercados de Instrumentos Financieros II (MIF) entró en vigor el día 13 de enero de 2018 en todo el Espacio Económico Europeo (EEE). El MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) completa y matiza su predecesor de 2007, el MiFID I. La directiva busca reforzar el control de los intermediarios financieros y la protección de los inversores privados.

La necesidad de crear el MiFID II (2014/65/EU) indica cierta falta de confianza en el sector financiero. Para esta nueva directiva, el legislador europeo tiene como objetivo controlar las relaciones entre los actores y dar más protección al inversor privado. La directiva, que en 2016 la Comisión Europea aplazó oficialmente por un año, no fue trasladada al ámbito de derecho nacional de todos los Estados miembros. Sin embargo, los inversores tienen derecho a presentar una denuncia en caso de que no se respeten las nuevas reglas.

Clasificación de los clientes

La protección de los clientes se traduce por una clasificación más conservadora en el MiFID II. Los clientes se analizan según sus conocimientos de productos financieros, experiencia en los mercados, capacidad y disposición a asumir riesgos y objetivos de la inversión. También se clasifican según el tipo de inversor: cliente no profesional, cliente profesional y contrapartes elegibles. Es el reparto de esta última categoría lo que refuerza la nueva directiva. De esa forma, según el anexo II del MiFID II, un cliente privado se clasifica directamente como no profesional o retail («público general»). Si quiere ser considerado como profesional, tiene que justificar su conocimiento, experiencia en productos financieros y volumen de activos.

La clasificación permite determinar los productos financieros que el cliente podría adquirir o sobre los que le han aconsejado. Si el inversor pasa a ser profesional, tiene acceso a productos de mayor riesgo y a servicios complementarios, pero debe renunciar a una parte de la protección. A nivel de trading (operaciones bursátiles), el cliente también está protegido durante la transacción por el principio de best exécution (obligación a ejecutar órdenes en las mejores condiciones), que ya era obligatorio a raíz del artículo 27 del MiFID.

Control de los productos

Los organismos que conciben y crean los productos financieros deben definir explícitamente la clientela a la que se dirigen. Los actores que están en contacto directo con los clientes, como los bancos y los gestores de patrimonio, deben tener en cuenta la clasificación del cliente y el tipo de producto. Como estipula el artículo 48 del reglamento delegado del MiFID (2017/565/EU), cada uno de sus consejos debe comportar una descripción general de los riesgos y del desempeño del producto en las diferentes condiciones del mercado. Según el artículo 25 del MiFID II, los consejos de inversión y gestión deben ir acompañados de un informe de suitability: adecuación de la potencial transacción tanto al perfil de riesgo como al objetivo de la inversión del cliente. Si se toma una orden sin consejo previo, entonces se efectúa un control de appropriateness: que la transacción sea adecuada a los conocimientos y a la experiencia del cliente.

Ventajas de protección para el inversor privado

El MiFID II también quiere dar transparencia a las relaciones y enmendar la asimetría de información entre los actores institucionales del mercado y el cliente privado. De esa forma, sea cual sea la categoría del cliente, tiene que saber cuál es el total de los costes y gastos de los servicios de inversión y de los instrumentos financieros, como confirma el anexo II, reglamento delegado del MiFID. El artículo 24 de la directiva referente al MiFID minimiza los conflictos de interés prohibiendo las retrocesiones: gastos de gestión que los emisores de los productos devuelven a sus distribuidores. Es así como el regulador obliga a los intermediarios financieros a informar a los inversores privados de sus comisiones y a dar más transparencia a sus actividades.

El ejemplo de Suiza

La esfera financiera, por su globalidad e interconexión, es extraterritorial. Por eso los estándares europeos influyen notablemente en el comportamiento de los actores internacionales y en la legislación de otros países. Suiza, por ejemplo, ya está sujeta a las normas del MiFID relativas a la protección del inversor por sus clientes domiciliados en el EEE. Además, desde 2012 Suiza prepara dos documentos legislativos para regular el sector financiero y acercarse a los estándares internacionales: la ley sobre servicios financieros (LSFin) y la ley sobre los establecimientos financieros (LEFin). El primer documento tratará la protección del cliente, especialmente su clasificación. Por otro lado, el segundo contemplará el control de los proveedores de servicios financieros, como los gerentes de patrimonio independiente, los de patrimonio colectivo y los trustees (administradores). A partir de esta replicación flexible del MiFID, Suiza busca crear una concurrencia uniforme de condiciones. Estas dos leyes, que aún se están analizando, deberían entrar en vigor en 2019.

Se estima que el coste de los cambios para adaptar los sistemas bancarios y ponerlos acorde con las normas del MiFID II es de más de 2 500 millones de euros. A quién y cómo se detallará este coste es una pregunta abierta. Puede ser que el MiFID II favorezca la externalización, ya muy presente en el sector bancario. O a la gestión pasiva junto a la división de los clientes por grupos y los consejos clasificados para cada una de las categorías.

Foto de banner: Sede del BCE en Frankfurt, créditos de las fotos Eugénie Rousak

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